Fundación Entorno-BCSD España ha recogido la opinión de más de 340
expertos para conocer la posición de los españoles en torno a qué marco
político debería acordarse en RIO+20 para fomentar una economía
sostenible.
Estas son algunas de las principales conclusiones que nos han hecho llegar:
COMPROMISO
• Los ciudadanos y las empresas desconfían de las instituciones internacionales.
Tan solo un 32% de los encuestados confían en que los gobiernos puedan
comprometerse con un objetivo común en RIO+20, destacando la poca la
confianza que muestra el propio tejido empresarial (el 67% de las
empresas participantes no creen que la cumbre sirva para mucho)
• No creen que se puedan establecer acuerdos vinculantes a nivel global con metas y objetivos concretos.
En caso de llegar a un compromiso, el 92% de los participantes creen que
no sería demasiado efectivo ya que se necesita una hoja de ruta que
concrete metas e hitos intermedios.
• Gana el terreno de juego a nivel nacional
En este sentido, el 66% de las personas consultadas consideraría los
Objetivos del Milenio como un buen punto de partida sobre el que diseñar
dicha hoja de ruta, siempre y cuando se concretaran programas a nivel
nacional y regional.
LA SOCIEDAD CIVIL TIENE LA PALABRA
• Expertos y empresas consideran clave el papel a jugar por
ciudadanos y consumidores en el cambio hacia una sociedad más justa y
sostenible.
Casi el 80% de los participantes en la encuesta señala que la
comprensión por parte del público en general sobre qué es y qué implica
al desarrollo sostenible es clave para garantizar el éxito del cambio.
• Sin embargo, el 67% de los encuestados reconocen que los
españoles estamos poco o nada informados sobre nuestra capacidad de
actuar a favor del desarrollo sostenible.
• En el ámbito profesional, proponen casi por unanimidad (94%) que
los riesgos y los costes derivados de no actuar se incluyan en la
formación académica.
REGULACIÓN
•
La mayoría de los encuestados consideran insuficientes los acuerdos voluntarios y las buenas prácticas en materia de RSC.
El 92% de los encuestados opinan que las buenas prácticas deberían convertirse en estándares.
•
Reclaman más regulación e instrumentos que permitan
penalizar a los infractores e incentivar a quienes mantengan prácticas
sostenibles.
El 85% coinciden en apuntar la necesidad de una reforma fiscal y
presupuestaria a favor de una economía verde. El 87% también apoya una
reforma del mercado financiero para favorecer la inversión en esta misma
dirección.
La regulación debería combinarse con otras medidas incentivadoras como
la compra y contratación pública (esencial para el 75% de los expertos
consultados) o la cobertura de riesgos (apoyada por el 70% de los
participantes).
El 90% de los expertos abogan además por mecanismos de control y
seguimiento que permitan conocer los avances y proyectar mejoras
asumibles.
Además, el 88% de los participantes apoyan el hecho de penalizar las infracciones.
NUEVO PIB
• El 92% de los expertos coinciden en que es necesario complementar
el PIB con indicadores que permitieran medir el progreso en términos de
preservación de la riqueza natural y bienestar social.
• Además coinciden en apuntar que cualquier organización con cierto
nivel de influencia, deberá comunicar sus resultados en clave económica,
ambiental y social.
COORDINACIÓN
•
La mayoría de los expertos (93%) creen imprescindible la
coordinación de los diferentes departamentos y administraciones públicas
para hacer posible una verdadera política económica y social orientada a
la sostenibilidad.
• El consenso y compromiso de los diferentes agentes también será
clave. En este sentido, los españoles no confían en la actual manera de
trabajar de empresas, gobiernos y sindicatos.
Empresas, gobiernos y sindicatos deberán ganarse la confianza de los
españoles (tan solo parecen confiar en ellos el 26%, 34% y 24% de los
encuestados respectivamente) ya que la mayoría de los encuestados
apuntan a las ONGs y organizaciones de consumidores como los
protagonistas del cambio (señaladas por el 81% y el 72% de los expertos
respectivamente).